- Los animales serán desalojados sin un lugar construido para recibirlos, en contra de lo que establece el convenio legal vigente con la Fundación Antonio Haghenbeck
- Resolución judicial permite que seres vivos sean tratados como bienes transferibles, ignorando obligaciones documentadas y poniendo en riesgo su vida
Desde hace casi cincuenta años, el Refugio Franciscano, A.C. ha sido un espacio seguro para perros y gatos rescatados del abandono, el maltrato y la enfermedad. Hoy, esa labor se enfrenta a una amenaza que compromete la vida de quienes viven ahí: una orden de desalojo sin certeza sobre qué ocurrirá con casí 1,100 animales bajo su cuidado. Al ejecutarse sin medidas que aseguren su integridad, se vulneran de manera grave sus derechos como seres protegidos por la ley y completamente dependientes de quienes los cuidan.
Para que el desalojo promovido por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama pueda realizarse con seguridad, el Refugio exige únicamente el cumplimiento del convenio firmado en 2022. Este acuerdo establece que la Fundación debe construir primero un nuevo espacio, con módulos, jaulas adecuadas y áreas básicas para cuidadores, antes de trasladar a los animales. Estas condiciones son esenciales para evitar sufrimiento, hacinamiento o negligencia durante el proceso. El Refugio Franciscano ha reiterado su disposición a entregar el predio en un máximo de 45 días hábiles, siempre que exista un nuevo albergue construido y funcional.
Sin embargo, la jueza Ana Miriam Yépez Arreola, titular del Juzgado Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el expediente 362/2021, ha ignorado elementos fundamentales del convenio y avaló exigencias que no existen, al mismo tiempo que omitió obligaciones de la Fundación que sí están claramente documentadas. Entre las irregularidades más graves se y exigir servicios como agua y luz en jaulas que jamás fueron construidas. Al aceptar afirmaciones sin sustento, la resolución abre incluso la posibilidad de que la Fundación retenga a los animales como si fueran bienes transferibles.
Este caso expone una crisis urgente: en México existen aproximadamente 28 millones de perros, de los cuales el 70% —cerca de 19.6 millones— vive en situación de calle, según la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE). La insuficiencia de espacios públicos y privados para su atención, sumada al alto índice de abandono, hace inviable que alguna institución en el país pueda recibir a más de mil perros y gatos sin poner en riesgo su vida. Un desalojo sin destino real equivale, en la práctica, a condenar a muchos de ellos a la enfermedad, la muerte o el abandono definitivo.
Para trasladar a casi 1,100 animales del Refugio Franciscano se requieren condiciones mínimas e irrenunciables: un espacio construido y equipado, transporte adecuado supervisado por especialistas, protocolos veterinarios que eviten contagios y estrés, personal suficiente y acreditado, áreas de resguardo temporal, así como vigilancia legal que garantice que ningún perro o gato quede sin protección o sea entregado a terceros sin control. Los animales de compañía no son propiedad ni inventario, son vidas en resguardo, y cualquier traslado improvisado o irregular equivale a abandono.
El Refugio Franciscano hace un llamado urgente a las autoridades y a la ciudadanía para detener una injusticia que pone en riesgo a seres que no pueden defenderse por sí mismos. Ellos no pueden exigir sus derechos. Corresponde a la sociedad y a las instituciones protegerlos.
